1. Los maestros no fuimos consultados y se nos pretende imponer este acuerdo de la autonombrada presidenta “vitalicia” del SNTE, Elba Esther Gordillo y el usurpador Felipe Calderón, quienes lo pactaron a espaldas de quienes dicen representar.
2. Con este acuerdo se pretende privatizar la educación con “parámetros y criterios de desempeño internacionales”, anularla como derecho constitucional, retirar la responsabilidad al Estado, dejar que los empresarios la conviertan en su negocio y la impongan como “política de Estado” para su exclusivo beneficio.
3. Reduce los planes y programas de estudio a una capacitación en “competencias y habilidades”, buscando aumentar la productividad en beneficio exclusivo del gran capital
4. Pretende inculcar en los alumnos “valores” individualistas disfrazados de “competitividad” y “productividad”, para imponerles prácticas utilitarias, individualistas y la competencia rapaz entre compañeros, evitando y satanizando la solidaridad, la organización y la solución colectiva de los problemas comunes, dejándoles como única opción el conformismo y la resignación; siendo esto contrario a los valores comunitarios del pueblo mexicano.
5. Todo lo anterior contraviene los principios educativos del artículo 3° constitucional que establece que la educación “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano [...]” además de que el criterio que orientará la educación “se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.”
6. El programa “participativo” de “escuela segura” es de corte policíaco y busca imponer una “cultura” del miedo para un mayor control y sometimiento de estudiantes y trabajadores
7. Mediante el programa de escuela “de tiempo completo” y otros programas, busca someter a los profesores a un mayor desgaste y sobrecarga de trabajo, impidiéndoles realizar su tarea principal: enseñar y formar ciudadanos libres.
8. Los “exámenes de oposición” y la “certificación de competencias”, invalidan la preparación profesional, tienden a la desaparición de las escuelas normales y violan el derecho laboral de ingreso al servicio público, basado en el conocimiento y las aptitudes como lo establece el artículo 123 Constitucional apartado B..
9. En los incentivos y estímulos se tomará en cuenta el “mérito individual de los maestros en función de los resultados del logro de sus alumnos”, desapareciendo la antigüedad, el grado académico y la preparación profesional.
10. Es discriminatoria, ya que en el uso de la tecnología solamente se otorgarán computadoras a los maestros que “logren su certificación de competencias digitales”.
11. Como la Alianza no es una ley y por consiguiente no tiene carácter obligatorio, debe ser rechazada por todos los trabajadores de la educación y por la sociedad.
Para mayor información sobre la Alianza y otros temas que forman parte de nuestro quehacer educativo, hacemos la atenta invitación a la asamblea que llevaremos a cabo el sábado 27 de septiembre a las 11 horas en Donceles N° 81 Centro Histórico (cerca del metro Allende).
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